La teocracia que se gesta en Colombia

El anuncio de un acuerdo entre las iglesias evangélicas y las FARC sobre el tema de la “ideología de género” es parte de una mayor preocupación, la del deseo de los clérigos evangélicos por derribar la separación Estado-Iglesias. Recientemente fuimos testigos de una declaración de “guerra espiritual” de no pocos pastores contra los derechos de las mujeres, LGBTI, librepensadores, e incluso contra la ciencia. Este intento por ayuntar la iglesia con el Estado no solo afectará a las mujeres y gays sino a la sociedad democrática en general.

Así como Juan Carlos Vélez contó a La República la sucia estrategia de la campaña del NO para ganar el referendo, el pastor Ortiz ha revelado en Las2Orillas la estrategia de la derecha evangélica para que, mediante medios democráticos, acceder al poder y minarla desde adentro. Tras estas y otras declaraciones, varios ciudadanos creyentes y no creyentes, activistas y juristas han hecho sus apreciaciones. Es necesario qué como sociedad reflexionemos sobre la importancia de fortalecer  la laicidad estatal (separación de Estado e Iglesias) como garantía de la convivencia en un Estado plural y cómo los intentos más abiertos y descarados de fusionar el púlpito con la política son una mezcla peligrosísima.

Empezaré por aclarar que Colombia sí es un Estado Laico. En los comentarios de Las2orillas al artículo “Jesús no está en guerra con la comunidad LGBTI” Rodrigo García, un ciudadano común y corriente comentaba: “En la constitución de Colombia NO es cierto que diga que somos un estado laico. Los invito a citar algún artículo que diga eso”. Así como Rodrigo hay miles de ciudadanos que niegan la naturaleza laica del Estado. He escuchado esto políticos, funcionarios públicos y a pastores como Oswaldo Ortiz, el YouTuber de la derecha evangélica.

A todos ellos les digo que Colombia Si es un Estado Laico. Si bien no hay un artículo en la constitución que lo consagre expresamente, como ocurre en la Constitución de Ecuador, Honduras o Uruguay, la Corte Constitucional, único órgano encargado de interpretar la Constitución, así lo declaró en la Sentencia C 350 de 1994, en la que justo se analizaba el caso de la consagración de Colombia al sagrado corazón de Jesús:

“Un Estado que se define como ontológicamente pluralista en materia religiosa y que además reconoce la igualdad entre todas las religiones no puede al mismo tiempo consagrar una religión oficial o establecer la preeminencia jurídica de ciertos credos religiosos. Es por consiguiente un Estado laico. Admitir otra interpretación sería incurrir en una contradicción lógica. Por ello no era necesario que hubiese norma expresa sobre la laicidad del Estado. El país no puede ser consagrado, de manera oficial, a una determinada religión, incluso si ésta es la mayoritaria del pueblo, por cuanto los preceptos constitucionales confieren a las congregaciones religiosas la garantía de que su fe tiene igual valor ante el Estado, sin importar sus orígenes, tradiciones y contenido.”

Esto significa que no hay religión, ni dogma religioso que pueda ser tomado por oficial. Ante el Estado poseen el mismo valor los Hare Krishna con tres mil feligreses, que la iglesia evangélica con los diez millones que pregonan. Y aquí es donde empieza el juego sucio de los pastores antilaicismo.

“Esta batalla la ganaremos con votos y dentro de pocas décadas pondremos a un pastor por presidente. Cambiaremos las lesivas decisiones de la Corte Constitucional que han ido en contra […] de la Palabra de Dios”, afirmó el pastor Ortiz.

En el siglo XX cuando los evangélicos eran minoría reclamaban por ser discriminados por el Estado con la Constitución de 1886 que hacía de la Iglesia Católica la religión oficial. Ahora, que ya hay libertad de cultos y laicidad y que han crecido en número desean utilizar la misma democracia para acallar al anciano que quiera eutanasia, a la pareja de lesbianas que quieran adoptar, a la pareja gay que se quiere casar, a la chica trans que desea cambiar su género y nombre en la cédula, a la mujer violada que desea interrumpir su embarazo, a los colegios que deben garantizar el no matoneo por orientación sexual, las clases de evolución, las de educación sexual y favorecer con partidas presupuestales sus conciertos evangelísticos góspel.

El cristianismo empezó siendo minoritario hasta cuando en el emperador Teodosio lo hizo religión oficial del Imperio Romano en el año 380. Una vez alcanzaron la mayoría, empezaron a someter a los paganos y otras ramas cristianas no católicas por la fuerza para que adoptasen sus credos. Posteriormente, tras surgir la reforma protestante, se dieron sangrientas guerras de religión que llevaron ya, en el Siglo de las Luces, a gestar el concepto de separación Estado – Iglesias, conocido hoy como laicidad.

Los deseos de expansión, junto con la creencia de cada denominación de ser asumida como la poseedora de “la verdadera”, son característicos de cada religión. Y es justamente en este punto donde la neutralidad estatal entra a jugar un papel importante. Los credos de fe pasan a ser asuntos individuales y no del Estado. El Estado permite la profesión de todos los cultos pero no entra a decir si hay uno verdadero, no debe favorecer a alguno o a un grupo emparentado de ellos, económica o simbólicamente, ni mucho menos en convertirse en amplificador de sus doctrinas.

Por lo anterior, es que en un Estado social de derecho, pluralista en materia filosófica, social, étnica y política, no es posible que las iglesias repriman los derechos de una minoría, como lo está haciendo ahora mismo con la comunidad LGBTI.

La historia nos muestra espejos de los alcances de lo que la “dictadura bíblica” puede hacer. En el 2014 Uganda firmó una ley que castiga a las personas homosexuales con penas de hasta cadena perpetua y obliga a delatarlas. Tras esta ley estuvieron las iglesias evangélicas quienes respaldaron al senador David Bahati, el Vivianne Morales de Uganda.

Bahati dijo en su momento tras su logro legislativo: “Somos una nación temerosa de Dios, que valora la vida de una forma integral. Es por estos valores que los miembros del Parlamento han aprobado la ley con independencia de lo que el resto del mundo piense”.

Estos discursos son exactamente iguales a los que escuchamos a prominentes pastores como Miguel Arrazola en Cartagena o a Marco Fidel Ramírez en Bogotá. Arrazola en su triunfalista mensaje tras la victoria del NO al plebiscito dijo “Colombia es tierra del Espíritu santo”. En su proyecto político no cabemos agnósticos, ateos, creyentes no afiliados a una iglesia, budistas, indígenas (a los que califica de satanistas) y un largo etcétera. Para él somos ciudadanos de segunda clase. La primera clase debe seguir ciegamente sus enseñanzas, no pensar libremente y obviamente, pagarle el diezmo.

Marco Fidel Ramírez por su parte, usa con frecuencia la expresión “dictadura de la diversidad sexual” para oponerse a las luchas reivindicativas de los LGBTI. Pues nada más alejado de verdad. Jamás la población LGBTI ha buscado hacer obligatorio para todos los colombianos el matrimonio con personas del mismo sexo, la adopción homoparental o el cambio de sexo en la cédula. Sólo se ha luchado por una igualdad ante la ley. Lo contrario, lo que persigue Marco Fidel y sus homólogos bibliólatras, si es una dictadura: Imponer solo un modelo de familia, un libro guía para todos, una moral única y el mantenimiento de privilegios para las iglesias recaudadoras de diezmos.

Otro ejemplo de concubinato religión y política nos llega desde Rusia. Allí Vladimir Putin ha hecho alianzas con la Iglesia Ortodoxa Rusa para devolverle su antiguo poder a cambio de su respaldo. En el pasado septiembre, el solo hecho de que un joven prendiera su celular para capturar un pokemón en una iglesia le ha valido el arresto. La cárcel también fue el destino para las chicas de la banda Pussi Riot quienes interpretaron la canción “Madre de Dios, expulsa a Putín” en una iglesia ortodoxa. La solicitud de siete años de prisión fue avalada por la iglesia sin mayor sonrojo. Y es que cuando la religión se hace con el poder político, los derechos humanos quedan en un segundo plano. Ya lo anunció aquí en Colombia el pastor Ortiz: “Los verdaderos cristianos, los no caídos en la apostasía, sabemos que no es posible dar, conceder o permitir derechos, por más máscara de civiles que tengan, si contradicen la Biblia”.

Como conclusión citaré las palabras de la activista Marcela Sánchez, quien es creyente pero no vinculada a ninguna iglesia: “Descuídense y verán. ¡Ahora son los tales LGBTI luego será el divorcio, decidir el número de hijos, el uso de anticonceptivos, el voto femenino y su posibilidad de contratar, ser dueñas de sus propios bienes, ir a la universidad y todas esas cosas que la naturaleza no manda!”