Iglesia católica, una de las mayores invasoras del espacio público en Bogotá

Ocupación ilegal de un parque para hacer una parroquia en Bosa Atalayas

Cientos de zonas verdes han sido ocupadas. La estrategia parece ser eficaz, ya que en la mayoría de casos se han salido con la suya.

Amparados en el Código Nacional de Policía, uniformados de esta fuerza han impuesto multas a vendedores de empanadas y a compradores de estas en la ciudad de Bogotá. La falta que la autoridad policial ha señalado es la ocupación del espacio público por parte de los vendedores ambulantes, quienes tristemente dependen de tales ventas para su sustento.

Sin embargo, la ocupación que hace un vendedor de empanadas o helados se queda corta con la ocupación que la Iglesia católica ha hecho de cientos de zonas verdes en la ciudad de Bogotá, en donde se ha apoderado de zonas verdes pertenecientes a la ciudad y ha construido allí sus parroquias y casas curales sin nunca pagar por el lote, porque lo hacen en un bien público y negándose sistemáticamente a la reposición.

Para empezar, debo comentar que esta denuncia en ningún momento busca atentar contra la libertad de cultos de los católicos. Simplemente creo en que cada credo religioso debería comprar con sus recursos los terrenos para construir sus templos, sin afectar el, de por sí menguado, espacio verde de la ciudad. No se ha reportado que pentecostales o mormones ocupen el espacio verde para construirse templos, pero hay alrededor de 400 terrenos en la ciudad que han sido tomados abusivamente para ocupación y construcción sin licencia.

La ocupación del espacio público está tipificada como falta en el Código de Policía en el artículo 135 y se señalan sanciones que van desde multas hasta demolición. Sin embargo, cuando se trata de la Iglesia nada ocurre.

Mencionaré un par de ejemplos que muestran esta realidad. En la localidad de Bosa, en el Barrio Atalayas, se ha levantado ilegalmente el templo San Juan Pablo II. La queja sobre la ocupación de espacio público y construcción sin licencia existe desde hace cuatro años. ¿Ha hecho algo la localidad de Bosa? Nada. Absolutamente nada. El año pasado la ONG Bogotá Atea presentó varios derechos de petición pidiendo a la alcaldía actuar conforme a la norma y proceder a la recuperación del espacio público. Ellos admitieron que existe la queja y después de cuatro años dijeron que enviarían a alguien a mirar el estado de la construcción.

En su más recientemente derecho de petición, en octubre de 2018, Bogotá Atea pidió incluir en el expediente de querella a la Diócesis de Soacha-Bosa y al obispo José Daniel Falla Robles, en cabeza de la misma, por ser la entidad y el superior, respectivamente, encargados de la parroquia Juan Pablo II, que maneja el padre Omar Hernando Sánchez. Ya se vencieron los 15 días hábiles para que nos respondieran y no ha llegado respuesta del alcalde local Javier Alba Grimaldo. Además de ese predio hay otros tantos también ocupados.

El otro caso está en Suba, donde la Iglesia se apropió de dos terrenos cedidos por la constructora de Fontanar del Río en la UPZ de Bilbao para hacer la Parroquia San Dionisio. Los predios ocupados están en el sistema del DADEP identificados como Predio DADEP 27-12 y Predio DADEP 27-13. Y así como esta parroquia hay una veintena más en la localidad de Suba.

Parroquia construida ilegalmente en terrenos cedidos para espacio verde para la comunidad de Fontanar de Suba. UPZ Bilbao

En muchas construcciones de conjuntos residenciales, los constructores están obligados a hacer una cesión del terreno para espacio público. Y es allí donde llega la Iglesia a apoderarse de parte de la zona verde para construir sus equipamientos. Inician con una misa bajo carpas, luego con construcciones más informales que gradualmente terminan siendo de ladrillo.

Mientras todo esto pasa, la inspección de Policía de cada localidad no hace absolutamente nada. Un vecino de la localidad de Engativá contó cómo hace unos años se acercó a un CAI a narrar los hechos a un policía y este le dijo que no entendía “qué malo estaba haciendo la Iglesia”. “¿Es usted acaso católico?” le preguntó el policía, mientras al fondo se veía una imagen de la Virgen en la estación policial.

Durante casi dos siglos de historia de Colombia la Iglesia católica estaba íntimamente ligada al Estado. Solo hasta la Constitución de 1991 el país llegó a ser laico, aunque para las fuerzas policiales identificarse con el catolicismo sigue siendo hasta el día de hoy, pan de cada día.

El escollo en la recuperación de estos espacios públicos radica en que quienes determinan que un terreno es parte del distrito es el DADEP (Departamento Administrativo del Espacio Público), pero este ente no tiene funciones policivas. Entonces, a quien le corresponde aplicar la norma es al alcalde local y al inspector de Policía de cada localidad. Allí es donde todo se detiene.

En el caso de la localidad de Suba se ha presentado en el pasado silencio en la respuesta de derechos de petición que han tenido que ser llevados a tutela para obligarlos a responder. Sin embargo, los predios siguen ocupados y la posibilidad de multar a los obispos o demoler las parroquias parece impensable, como si el Estado no fuera laico y aún estuviéramos bajo la Constitución de 1886.

Según las consultas hechas por Bogotá Atea ante el DADEP y otras entidades, se ha logrado saber que el distrito ha intentado negociar con las diferentes diócesis que conforman a Bogotá (las unidades administrativas de la Iglesia Católica en Bogotá). Para los terrenos que ya están construidos, al distrito le corresponde por norma pedir una reposición, ya sea que la Iglesia reponga el espacio público en otra zona de la localidad o de la ciudad, o termine pagando el valor comercial del terreno ocupado. Sin embargo, después de generar un desgaste administrativo en acercamientos y reuniones, los obispos se alejan del proceso. Mientras tanto nuevos terrenos son ocupados con el mismo modus operandi de iniciar con misas en carpas y luego construir en terrenos que deben ser para todos los ciudadanos, para canchas y arborización y no para uso de una institución particular.

El llamado a la ciudadanía es para que pidan la restitución de sus espacios verdes, soliciten a la autoridad policial aplicar la norma sin preferencias y a las alcaldías locales que procedan a aplicar el Código de Policía. Los terrenos invadidos a la ciudad se conocen con claridad. No es posible que con rigor se aplique la norma a los vendedores de empanadas, pero que a una institución rica que se apodera de predios y construye sin licencia no le pase absolutamente nada.

Publicado inicialmente en Las2Orillas por el mismo autor.