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| Participantes de la “III Cumbre Trasatlántica Colombia 2019”, evento organizado en Bogotá por la Red Política por los Valores. |
Un artículo de Sentiido, publicado el 11 de mayo de 2019.
El expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez dio unas palabras de bienvenida durante el cóctel del 4 de abril. Entre otras cosas dijo: “La gran confrontación que hoy domina nuestros países no es entre la izquierda y la derecha, sino entre la anarquía y el orden, donde se juega el futuro de las familias”.
Aunque su discurso da pistas importantes para entender de qué se trató esta cumbre, a esto se suma que buena parte de sus participantes tienen un liderazgo importante en otra red de corte similar: “Congreso mundial de las familias” (World Congress of Families).
Tanto la Cumbre Trasatlántica como el Congreso Mundial de las Familias buscan incidir en gobiernos y legislaciones con el propósito de frenar y/o retroceder en igualdad de derechos de las personas LGBTI e impedir la interrupción voluntaria del embarazo y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Al cumplimiento de estos objetivos le llaman “recuperar una agenda no relativista”.
En la cumbre evidenciaron una de las premisas que rige sus acciones: la idea de que “terrorismo”, “narcotráfico”, “corrupción”, “izquierda”, “aborto” e “igualdad de derechos LGBT” son harina del mismo costal y que todos estos conceptos representan una amenaza. También llamó la atención la asociación que hacen entre “derechos humanos” y “creencias cristianas” como si fueran conceptos inseparables.
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| La senadora María del Rosario Guerra y el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, del Centro Democrático, fueron los anfitriones en Colombia de la “III Cumbre Trasatlántica”. |
Parte del problema radica en considerar que sus creencias religiosas son “verdades universales incuestionables para todas las personas y todos los tiempos", como lo expresaron varios de los participantes de la cumbre en Bogotá. Por tanto, creen que deben reflejarse en legislaciones y políticas públicas.
Es más, en la “III Cumbre Trasatlántica” insistieron en que había llegado el momento de “difundir su verdad valientemente” y en que la palabra “derecho” se ha tergiversado porque “nadie puede estar en contra de lo que dice el creador". En otras palabras: los derechos que no comparten los califican como “inventos que minorías radicalizadas nos quieren obligar a respetar".
Algunas personas cuestionaron que la “III Cumbre Trasatlántica” fuera cerrada (solo se podía entrar con invitación) en un recinto público: el Congreso. Fue entonces cuando, además, la senadora María del Rosario Guerra reconoció en medios de comunicación que con dineros públicos se pagarían algunos asuntos logísticos del encuentro.
La presión en redes llevó a que los organizadores retiraran el logo del Congreso de la República del espacio de “patrocinadores” y a que transmitieran el evento por el canal de YouTube de la Cámara de Representantes, pero se mantuvo cerrado a pesar de que aproximadamente un 30 por ciento del salón estuvo vacío durante el encuentro.
Otra de las preguntas que surgió fue por qué a pesar de ser un evento cerrado, en pleno Congreso y que utilizó recursos públicos, solamente incluyó la participación de líderes y políticos abiertamente en contra de los derechos sexuales y reproductivos y a la igualdad de las personas LGBTI (como el candidato presidencial chileno José Antonio Kast o Luis Losada, director de CitizenGo para América Latina).
Es más, en la “III Cumbre Trasatlántica” insistieron en que había llegado el momento de “difundir su verdad valientemente” y en que la palabra “derecho” se ha tergiversado porque “nadie puede estar en contra de lo que dice el creador". En otras palabras: los derechos que no comparten los califican como “inventos que minorías radicalizadas nos quieren obligar a respetar".
ESTOS SECTORES DAN POR HECHO QUE SUS CREENCIAS RELIGIOSAS SON “VERDADES UNIVERSALES INCUESTIONABLES PARA TODAS LAS PERSONAS”, LAS COMPARTAN O NO.
Algunas personas cuestionaron que la “III Cumbre Trasatlántica” fuera cerrada (solo se podía entrar con invitación) en un recinto público: el Congreso. Fue entonces cuando, además, la senadora María del Rosario Guerra reconoció en medios de comunicación que con dineros públicos se pagarían algunos asuntos logísticos del encuentro.
La presión en redes llevó a que los organizadores retiraran el logo del Congreso de la República del espacio de “patrocinadores” y a que transmitieran el evento por el canal de YouTube de la Cámara de Representantes, pero se mantuvo cerrado a pesar de que aproximadamente un 30 por ciento del salón estuvo vacío durante el encuentro.
Otra de las preguntas que surgió fue por qué a pesar de ser un evento cerrado, en pleno Congreso y que utilizó recursos públicos, solamente incluyó la participación de líderes y políticos abiertamente en contra de los derechos sexuales y reproductivos y a la igualdad de las personas LGBTI (como el candidato presidencial chileno José Antonio Kast o Luis Losada, director de CitizenGo para América Latina).
1. Aborto
En este evento quedó claro que son sectores conservadores religiosos que perciben como una amenaza el hecho de garantizar la interrupción voluntaria del embarazo segura y legal. Lo ven como un intento por “destruir los valores cristianos“, como si el ejercicio de este derecho fuera de obligatorio cumplimiento. (Ver: La creciente y preocupante influencia de la religión en la política).
En la cumbre de Bogotá repitieron su objetivo de impedir o retroceder en políticas, leyes o mandatos que permita el aborto. Hicieron especial énfasis en que el artículo cuarto de la Convención Americana (la norma jurídica más relevante del Sistema Interamericano de Derechos Humanos – SIDH) protege la vida desde la concepción.
Según Manuel Páez, abogado y candidato a doctor en Derecho, ese artículo interpretado de manera literal ha sido utilizado por estos sectores conservadores para afirmar que a la luz de dicho tratado el aborto está prohibido. Pero en 2012, a través de la sentencia del caso “Artavia Murillo”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) aclaró que en ese artículo, el nasciturus (ser en formación no nacido) no puede entenderse como persona y tampoco puede interpretarse como un mandato garantizar su gestación. Es decir, la protección de la vida consagrada en dicha Convención no implica la penalización del aborto.
En efecto, un Estado no puede otorgarle la misma protección al nasciturus que a quien lo lleva en su cuerpo. Deben reconocerse los derechos de la persona embarazada estipulados en el derecho internacional, como la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad.
Sin embargo, en la “III Cumbre Trasatlántica”, Rafael Nieto, exviceministro de Justicia de Colombia, dijo que no hay ningún instrumento en el derecho internacional que reconozca la autonomía de la mujer a disponer de su cuerpo. Al respecto, la médica Ana Cristina González publicó en el portal La Silla Vacía, una columna en la que explica que la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw) establece que el derecho a la autonomía de las mujeres implica la no injerencia del Estado y de terceros en su decisión de acceder a servicios de aborto seguros.
Además, en 2011, en el dictamen sobre el caso “L.C vs. Perú” -una adolescente de 13 años que quedó embarazada producto de violaciones- el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) de las Naciones Unidas declaró que hubo injerencia arbitraria del Estado al no permitirle a la menor su decisión libre y autónoma de interrumpir su embarazo.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) ha dicho que la penalización del aborto es una violación al derecho a decidir de las mujeres. De hecho, legalizar la interrupción voluntaria del embarazo es el primer paso hacia la desaparición del aborto inseguro, sin aumentar su práctica.
González también señala en su columna que siendo la maternidad una experiencia de las mujeres, es a ellas a quienes les corresponde decidir el destino de un embarazo. De ahí que afirmar, como lo hizo Nieto, que “el feto es un ser independiente de la mujer” es ignorar -o mentir- acerca del derecho de las mujeres a decidir.
Afirmar, agrega González, que “el feto es un ser independiente” es ignorar -o mentir- que “persona es el ser nacido”. Plantear un conflicto entre la madre y el feto es ignorar -o mentir- que “la concepción no implica un proyecto de maternidad”. (Ver: Ninguna mujer tiene en su plan de vida abortar).
Nieto, además, no abordó durante su intervención las causas más frecuentes de los embarazos no deseados: la violencia sexual, la dificultad para que muchas mujeres tengan acceso a métodos seguros de planificación y la ausencia de una educación sexual de calidad que no esté sujeta a las creencias religiosas de quienes la imparten. (Ver: 4 retos del aborto legal en Colombia).
En este evento quedó claro que son sectores conservadores religiosos que perciben como una amenaza el hecho de garantizar la interrupción voluntaria del embarazo segura y legal. Lo ven como un intento por “destruir los valores cristianos“, como si el ejercicio de este derecho fuera de obligatorio cumplimiento. (Ver: La creciente y preocupante influencia de la religión en la política).
En la cumbre de Bogotá repitieron su objetivo de impedir o retroceder en políticas, leyes o mandatos que permita el aborto. Hicieron especial énfasis en que el artículo cuarto de la Convención Americana (la norma jurídica más relevante del Sistema Interamericano de Derechos Humanos – SIDH) protege la vida desde la concepción.
Según Manuel Páez, abogado y candidato a doctor en Derecho, ese artículo interpretado de manera literal ha sido utilizado por estos sectores conservadores para afirmar que a la luz de dicho tratado el aborto está prohibido. Pero en 2012, a través de la sentencia del caso “Artavia Murillo”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) aclaró que en ese artículo, el nasciturus (ser en formación no nacido) no puede entenderse como persona y tampoco puede interpretarse como un mandato garantizar su gestación. Es decir, la protección de la vida consagrada en dicha Convención no implica la penalización del aborto.
En efecto, un Estado no puede otorgarle la misma protección al nasciturus que a quien lo lleva en su cuerpo. Deben reconocerse los derechos de la persona embarazada estipulados en el derecho internacional, como la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad.
PARTE DE LA ESTRATEGIA DE ESTOS GRUPOS ES ORGANIZAR FOROS CONTRA EL ABORTO EN LOS CONGRESOS DE LOS PAÍSES PARA CONTAR CON EL APOYO DE GOBIERNOS Y DE DISTINTOS PARTIDOS.
Además, en 2011, en el dictamen sobre el caso “L.C vs. Perú” -una adolescente de 13 años que quedó embarazada producto de violaciones- el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) de las Naciones Unidas declaró que hubo injerencia arbitraria del Estado al no permitirle a la menor su decisión libre y autónoma de interrumpir su embarazo.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) ha dicho que la penalización del aborto es una violación al derecho a decidir de las mujeres. De hecho, legalizar la interrupción voluntaria del embarazo es el primer paso hacia la desaparición del aborto inseguro, sin aumentar su práctica.
González también señala en su columna que siendo la maternidad una experiencia de las mujeres, es a ellas a quienes les corresponde decidir el destino de un embarazo. De ahí que afirmar, como lo hizo Nieto, que “el feto es un ser independiente de la mujer” es ignorar -o mentir- acerca del derecho de las mujeres a decidir.
Afirmar, agrega González, que “el feto es un ser independiente” es ignorar -o mentir- que “persona es el ser nacido”. Plantear un conflicto entre la madre y el feto es ignorar -o mentir- que “la concepción no implica un proyecto de maternidad”. (Ver: Ninguna mujer tiene en su plan de vida abortar).
Nieto, además, no abordó durante su intervención las causas más frecuentes de los embarazos no deseados: la violencia sexual, la dificultad para que muchas mujeres tengan acceso a métodos seguros de planificación y la ausencia de una educación sexual de calidad que no esté sujeta a las creencias religiosas de quienes la imparten. (Ver: 4 retos del aborto legal en Colombia).
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| Carlos Eduardo Acosta, representante cristiano a la Cámara por Bogotá, por el Partido Colombia Justa Libres, reiteró que solo puede aceptarse un tipo de familia: aquella conformada por papá, mamá e hijos. Entonces, representante, ¿qué hacemos con más de medio país? |
2. Familias
En la “III Cumbre Trasatlántica” también quedó claro otro de los objetivos de estos grupos conservadores: impedir o retroceder en políticas, leyes o mandatos que permitan el matrimonio entre personas del mismo sexo. Para ellos, es “relativismo” reconocer que no hay un solo modelo de familia sino varios, todos iguales de válidos.
Carlos Eduardo Acosta, representante cristiano a la Cámara por Bogotá, señaló: “ahora nos dicen que hay muchos tipos de familia, pero que en realidad solo hay uno: si falta el padre o la madre o es una madre con sus hijos o un abuelo con sus nietos, son familias incompletas, como cuando a una persona le falta un brazo o una pierna".
En efecto, estos grupos pretenden hacer creer que ampliar el derecho al matrimonio civil a las personas homosexuales es “destruir la familia”, como si implicara el divorcio de las parejas de hombre y mujer. Todo lo contrario: el matrimonio entre personas del mismo sexo amplía derechos sin afectar a nadie en el camino.
Además, no existe en el derecho internacional una definición que indique que el matrimonio deba celebrarse solamente entre un hombre y una mujer. A la luz del derecho internacional de los derechos humanos, las personas son titulares de todos los derechos sin distinción alguna.
Otro de los argumentos que utilizan quienes se oponen a que las parejas del mismo se casen, es que no puedan procrear. Sin embargo, la procreación existe con o sin matrimonio y la crianza responsable de niños con o sin procreación. Este no es un elemento esencial del matrimonio. Además, son numerosas las parejas del mismo sexo que han tenido hijos biológicos (de uno de los dos) o adoptados. En todo caso, la reproducción natural no es superior a la asistida y no es un argumento para que los estados nieguen el matrimonio a las parejas que no van a tener hijos.
El reto está en que estos sectores conservadores reconozcan que el concepto de “familia” es más amplio de lo que consideran. Pero están convencidos, tal como lo expusieron en Bogotá, que “la familia es una institución natural creada por Dios conformada solamente por papá, mamá e hijos". De hecho, acuden a cualquier clase de argumento para oponerse a otros tipos de familias como que “los niños sufren más abuso cuando sus padres no están casados” y que “las mujeres son más violentadas cuando están casadas solamente por lo civil o viven en unión libre".
Una pregunta que algunas personas se formularon fue si uno de los objetivos del encuentro de Bogotá era presionar para que el proyecto de ley colombiano para crear un Ministerio de la Familia imponga el modelo húngaro. De hecho, en la cumbre de Bogotá, Katalin Novák, ministra de la Familia de Hungría, explicó que en su país las familias que tienen cuatro hijos o más no presentan declaración de renta. También, que a las parejas jóvenes les dan un préstamo y cuando tienen un hijo les reducen el monto a pagar y, a medida que tienen más, este valor sigue disminuyendo. Algo similar sucede en Polonia.
Para los participantes en la cumbre de estos países solo hay un modelo de felicidad: tener un matrimonio entre hombre y mujer con hijos y creer en el Dios en el que ellos creen. Esa es la “perspectiva de familia” que quieren imponer.
En la “III Cumbre Trasatlántica” también quedó claro otro de los objetivos de estos grupos conservadores: impedir o retroceder en políticas, leyes o mandatos que permitan el matrimonio entre personas del mismo sexo. Para ellos, es “relativismo” reconocer que no hay un solo modelo de familia sino varios, todos iguales de válidos.
Carlos Eduardo Acosta, representante cristiano a la Cámara por Bogotá, señaló: “ahora nos dicen que hay muchos tipos de familia, pero que en realidad solo hay uno: si falta el padre o la madre o es una madre con sus hijos o un abuelo con sus nietos, son familias incompletas, como cuando a una persona le falta un brazo o una pierna".
En efecto, estos grupos pretenden hacer creer que ampliar el derecho al matrimonio civil a las personas homosexuales es “destruir la familia”, como si implicara el divorcio de las parejas de hombre y mujer. Todo lo contrario: el matrimonio entre personas del mismo sexo amplía derechos sin afectar a nadie en el camino.
LA POSIBILIDAD DE CASARSE Y DE FORMAR UNA FAMILIA SON DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES QUE NO SE LIMITAN A LAS PAREJAS HETEROSEXUALES.
Además, no existe en el derecho internacional una definición que indique que el matrimonio deba celebrarse solamente entre un hombre y una mujer. A la luz del derecho internacional de los derechos humanos, las personas son titulares de todos los derechos sin distinción alguna.
Otro de los argumentos que utilizan quienes se oponen a que las parejas del mismo se casen, es que no puedan procrear. Sin embargo, la procreación existe con o sin matrimonio y la crianza responsable de niños con o sin procreación. Este no es un elemento esencial del matrimonio. Además, son numerosas las parejas del mismo sexo que han tenido hijos biológicos (de uno de los dos) o adoptados. En todo caso, la reproducción natural no es superior a la asistida y no es un argumento para que los estados nieguen el matrimonio a las parejas que no van a tener hijos.
El reto está en que estos sectores conservadores reconozcan que el concepto de “familia” es más amplio de lo que consideran. Pero están convencidos, tal como lo expusieron en Bogotá, que “la familia es una institución natural creada por Dios conformada solamente por papá, mamá e hijos". De hecho, acuden a cualquier clase de argumento para oponerse a otros tipos de familias como que “los niños sufren más abuso cuando sus padres no están casados” y que “las mujeres son más violentadas cuando están casadas solamente por lo civil o viven en unión libre".
ESTOS GRUPOS DENOMINAN “DEFENSA DE LA FAMILIA” A LA BÚSQUEDA DE ESTRATEGIAS PARA OPONERSE AL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO.
Una pregunta que algunas personas se formularon fue si uno de los objetivos del encuentro de Bogotá era presionar para que el proyecto de ley colombiano para crear un Ministerio de la Familia imponga el modelo húngaro. De hecho, en la cumbre de Bogotá, Katalin Novák, ministra de la Familia de Hungría, explicó que en su país las familias que tienen cuatro hijos o más no presentan declaración de renta. También, que a las parejas jóvenes les dan un préstamo y cuando tienen un hijo les reducen el monto a pagar y, a medida que tienen más, este valor sigue disminuyendo. Algo similar sucede en Polonia.
Para los participantes en la cumbre de estos países solo hay un modelo de felicidad: tener un matrimonio entre hombre y mujer con hijos y creer en el Dios en el que ellos creen. Esa es la “perspectiva de familia” que quieren imponer.
3. La educación de los hijos
En la “III Cumbre Transatlántica” también se abordó un tema en el que estos sectores vienen insistiendo: el derecho de los papás / mamás a educar a sus hijos según sus creencias religiosas. Se trata de una estrategia para oponerse a cualquier contenido de educación para la sexualidad que contemple la diversidad sexual y de género o los métodos anticonceptivos. Una formación integral en estos temas es calificada por ellos como “una batalla en las mentes y corazones de nuestros jóvenes y niños“.
No creen fundamental ni mucho menos un derecho que sus hijos e hijas aprendan sobre métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados. Consideran que el camino a seguir es “la abstinencia” o no tener relaciones sexuales hasta el matrimonio. Se resisten a creer que los menores tienen derechos sexuales y reproductivos.
Según el abogado Juan Felipe Rivera, experto en educación, los derechos de niñas, niños y adolescentes prevalecen sobre los de los adultos. Y los titulares principales del derecho a la educación son niños, niñas y adolescentes. “Si los menores solamente recibieran la información que sus papás consideran pertinente según sus creencias, los privarían de un estándar mínimo de educación y les cerrarían espacio a derechos fundamentales como el acceso a una educación para la sexualidad integral acorde con la edad". (Ver: Diversidad sexual y de género: lo que se dice vs. lo que es. I parte).
Para defender el argumento del “derecho de los padres a la educación de sus hijos, según sus creencias”, algunos papás han acudido a la “objeción de conciencia”. Pero no es válido acudir a este argumento porque nadie les está pidiendo a los papás que ellos les impartan a sus hijos una cátedra sobre diversidad sexual y de género. Se asume que la formación al respecto le compete al sistema educativo. (Ver: La objeción de conciencia como barrera para abortar).
En la “III Cumbre Transatlántica” también se abordó un tema en el que estos sectores vienen insistiendo: el derecho de los papás / mamás a educar a sus hijos según sus creencias religiosas. Se trata de una estrategia para oponerse a cualquier contenido de educación para la sexualidad que contemple la diversidad sexual y de género o los métodos anticonceptivos. Una formación integral en estos temas es calificada por ellos como “una batalla en las mentes y corazones de nuestros jóvenes y niños“.
No creen fundamental ni mucho menos un derecho que sus hijos e hijas aprendan sobre métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados. Consideran que el camino a seguir es “la abstinencia” o no tener relaciones sexuales hasta el matrimonio. Se resisten a creer que los menores tienen derechos sexuales y reproductivos.
LA FORMACIÓN QUE LOS PAPÁS ELIJAN PARA SUS HIJOS NO PUEDE DESCONOCER LOS DERECHOS HUMANOS.
Según el abogado Juan Felipe Rivera, experto en educación, los derechos de niñas, niños y adolescentes prevalecen sobre los de los adultos. Y los titulares principales del derecho a la educación son niños, niñas y adolescentes. “Si los menores solamente recibieran la información que sus papás consideran pertinente según sus creencias, los privarían de un estándar mínimo de educación y les cerrarían espacio a derechos fundamentales como el acceso a una educación para la sexualidad integral acorde con la edad". (Ver: Diversidad sexual y de género: lo que se dice vs. lo que es. I parte).
Para defender el argumento del “derecho de los padres a la educación de sus hijos, según sus creencias”, algunos papás han acudido a la “objeción de conciencia”. Pero no es válido acudir a este argumento porque nadie les está pidiendo a los papás que ellos les impartan a sus hijos una cátedra sobre diversidad sexual y de género. Se asume que la formación al respecto le compete al sistema educativo. (Ver: La objeción de conciencia como barrera para abortar).
4. Libertad religiosa
Estos grupos conservadores acuden con frecuencia a “la libertad religiosa”, derecho que existe y que debe estar garantizado. De hecho, es compresible su idea de no querer reducir su fe al ámbito de lo privado sino estar en la “arena pública”. Finalmente lo religioso es parte de la dimensión personal pero no está restringido al ámbito privado.
“Así que más que insistir en limitar los discursos religiosos al fuero interno, sería más productivo discutir las implicaciones de ciertos discursos religiosos”, señala Carlos Manrique, doctor en filosofía y director del Departamento de Filosofía de la Universidad de Los Andes. El debate debería ser sobre cómo ser religioso sin discriminar.
Estos grupos conservadores acuden con frecuencia a “la libertad religiosa”, derecho que existe y que debe estar garantizado. De hecho, es compresible su idea de no querer reducir su fe al ámbito de lo privado sino estar en la “arena pública”. Finalmente lo religioso es parte de la dimensión personal pero no está restringido al ámbito privado.
“Así que más que insistir en limitar los discursos religiosos al fuero interno, sería más productivo discutir las implicaciones de ciertos discursos religiosos”, señala Carlos Manrique, doctor en filosofía y director del Departamento de Filosofía de la Universidad de Los Andes. El debate debería ser sobre cómo ser religioso sin discriminar.
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| El pastor y senador John Milton Rodríguez señaló con preocupación que se excluya a Dios de las instituciones educativas, del Gobierno y del Estado, desconociendo los principios básicos de la laicidad. |
En una entrevista con Sentiido, Rodrigo Uprimny, abogado e investigador en Dejusticia, expresaba que los argumentos religiosos pueden llevarse al debate público, siempre y cuando su contenido religioso se traduzca en uno debatible por quienes no tengan sus mismas convicciones. Es decir, se transforme en un argumento que permita una discusión pública y racional entre creyentes y no creyentes.
El problema con estos sectores conservadores es que han entendido su derecho a la libertad religiosa como imponerle a toda la ciudadanía los principios de su fe. Por ejemplo, en la cumbre de Bogotá se dijo: “quieren sacar a Dios y Dios es parte de la esencia del ser humano. Todos necesitamos de Dios".
El padre Francisco De Roux, presidente de la Comisión de la Verdad de Colombia, le explicó a Sentiido que las personas son invitadas a seguir de manera voluntaria los caminos que las religiones establecen pero que a un país no se le puede imponer una ética religiosa. “Estamos en sociedades pluralistas que requieren éticas públicas o preceptos que todos los colombianos nos comprometamos a cumplir".
Pero esto no parecen tenerlo tan claro los asistentes a la “III Cumbre Trasatlántica”, como el pastor y senador John Milton Rodríguez, quien dijo: “Hay dos formas de vivir la vida: bajo el humanismo o bajo el cristianismo. En la primera hay independencia de Dios. En la segunda, Cristo es el centro y respeto lo que me determine”.
Esta idea del senador Rodríguez desconoce el concepto “laicidad”, el cual reúne tres principios fundamentales: el Estado está separado de las iglesias, respeta la libertad religiosa y trata de igual manera a todas las religiones y a quienes son y no creyentes. Entonces, un Estado laico no se opone a la libertad religiosa, como estos sectores quieren hacer verlo. Sin embargo, será difícil dialogar y llegar a acuerdos con quienes dicen: “esta no es una causa de hombres sino de Dios, es una causa eterna", como en la cumbre lo expresó Ángela Hernández, diputada de Santander.
El problema con estos sectores conservadores es que han entendido su derecho a la libertad religiosa como imponerle a toda la ciudadanía los principios de su fe. Por ejemplo, en la cumbre de Bogotá se dijo: “quieren sacar a Dios y Dios es parte de la esencia del ser humano. Todos necesitamos de Dios".
El padre Francisco De Roux, presidente de la Comisión de la Verdad de Colombia, le explicó a Sentiido que las personas son invitadas a seguir de manera voluntaria los caminos que las religiones establecen pero que a un país no se le puede imponer una ética religiosa. “Estamos en sociedades pluralistas que requieren éticas públicas o preceptos que todos los colombianos nos comprometamos a cumplir".
Pero esto no parecen tenerlo tan claro los asistentes a la “III Cumbre Trasatlántica”, como el pastor y senador John Milton Rodríguez, quien dijo: “Hay dos formas de vivir la vida: bajo el humanismo o bajo el cristianismo. En la primera hay independencia de Dios. En la segunda, Cristo es el centro y respeto lo que me determine”.
Esta idea del senador Rodríguez desconoce el concepto “laicidad”, el cual reúne tres principios fundamentales: el Estado está separado de las iglesias, respeta la libertad religiosa y trata de igual manera a todas las religiones y a quienes son y no creyentes. Entonces, un Estado laico no se opone a la libertad religiosa, como estos sectores quieren hacer verlo. Sin embargo, será difícil dialogar y llegar a acuerdos con quienes dicen: “esta no es una causa de hombres sino de Dios, es una causa eterna", como en la cumbre lo expresó Ángela Hernández, diputada de Santander.
5. Llegar a organismos internacionales
Una preocupación ampliamente tratada en la cumbre de Bogotá, es que los organismos y tribunales internacionales como la CIDH y la Corte IDH cumplan con su función de garantizar que los países que forman parte del SIDH se ajusten a sus compromisos adquiridos en derechos humanos.
Les incomodan las opiniones y sentencias que no favorecen sus intereses de restringir los derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de derechos de las parejas del miso sexo. “El SIDH no apoya nuestros valores", señalaron. De ahí su interés en “recuperar espacios en organismos internacionales y en las agencias de Naciones Unidas".
Por este motivo, el 11 de abril los embajadores ante la OEA de Argentina, Brasil, Colombia (el exprocurador Alejandro Ordóñez), Chile y Paraguay (todos gobiernos conservadores) firmaron una declaración que le hicieran llegar al secretario de la CIDH en la que señalan la necesidad de que los órganos del SIDH respeten “la autonomía de cada Estado”, tomen en consideración las realidades políticas, económicas y sociales de los Estados y se respeten sus ordenamientos constitucionales.
José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, le dijo al periódico El Tiempo que detrás de esa declaración hay un “rechazo de sectores que por razones ideológicas o religiosas o por prejuicios discriminatorios buscan limitar el papel que desempeñan la CIDH y la Corte IDH en defensa de los grupos LGBT y los derechos reproductivos".
Por otro lado, también como antesala de la 38 Asamblea General de la OEA y como parte de la estrategia de lograr que instancias internacionales se alineen con sus propósitos, varios legisladores de estos grupos conservadores emitieron un manifiesto dirigido a la OEA en donde solicitan “no promover la interrupción voluntaria del embarazo” segura y legal con recursos de sus países.
Estos sectores insisten cada vez con más fuerza en organizarse de manera global y en tomarse las calles y las redes sociales. Sus cartas están claras y gobiernos como el de Donald Trump en Estados Unidos y el de Jair Bolsonaro en Brasil demuestran que cuentan con los recursos, las fake news y la manipulación necesaria para llegar lejos.
Una preocupación ampliamente tratada en la cumbre de Bogotá, es que los organismos y tribunales internacionales como la CIDH y la Corte IDH cumplan con su función de garantizar que los países que forman parte del SIDH se ajusten a sus compromisos adquiridos en derechos humanos.
Les incomodan las opiniones y sentencias que no favorecen sus intereses de restringir los derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de derechos de las parejas del miso sexo. “El SIDH no apoya nuestros valores", señalaron. De ahí su interés en “recuperar espacios en organismos internacionales y en las agencias de Naciones Unidas".
Por este motivo, el 11 de abril los embajadores ante la OEA de Argentina, Brasil, Colombia (el exprocurador Alejandro Ordóñez), Chile y Paraguay (todos gobiernos conservadores) firmaron una declaración que le hicieran llegar al secretario de la CIDH en la que señalan la necesidad de que los órganos del SIDH respeten “la autonomía de cada Estado”, tomen en consideración las realidades políticas, económicas y sociales de los Estados y se respeten sus ordenamientos constitucionales.
José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, le dijo al periódico El Tiempo que detrás de esa declaración hay un “rechazo de sectores que por razones ideológicas o religiosas o por prejuicios discriminatorios buscan limitar el papel que desempeñan la CIDH y la Corte IDH en defensa de los grupos LGBT y los derechos reproductivos".
Por otro lado, también como antesala de la 38 Asamblea General de la OEA y como parte de la estrategia de lograr que instancias internacionales se alineen con sus propósitos, varios legisladores de estos grupos conservadores emitieron un manifiesto dirigido a la OEA en donde solicitan “no promover la interrupción voluntaria del embarazo” segura y legal con recursos de sus países.
Estos sectores insisten cada vez con más fuerza en organizarse de manera global y en tomarse las calles y las redes sociales. Sus cartas están claras y gobiernos como el de Donald Trump en Estados Unidos y el de Jair Bolsonaro en Brasil demuestran que cuentan con los recursos, las fake news y la manipulación necesaria para llegar lejos.
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