Desde los orígenes de Colombia como nación, y mucho antes,
la Iglesia Católica se percibía como una institución a la par de las demás
instituciones que gobernaban pueblos, ciudades y el país, razón por lo que un
operativo de inspección en la sede del obispo que preside la Conferencia
Episcopal de Colombia es totalmente novedoso en la historia del país.
La acción ocurrió este lunes 13 de abril, lunes de pascua,
tras las declaraciones de un testigo que ha contado al ente investigador como
una red de sacerdotes abusaron sexualmente de él, desde que era muy joven,
valiéndose de su condición de pobreza.
Por estas acciones la Iglesia suspendió a inicios de mes a
15 sacerdotes, en un hecho igualmente novedoso, cuando el modus operandi era
ocultar y trasladar a los acusados, como bien lo ha revelado la investigación
de Juan Pablo Barrientos en “Dejad que los niños vengan a mí”.
El vocero de la Arquidiócesis, Carlos Villabón, le señaló a
Semana que a los sacerdotes acusados ante la ley “Se les reporta que están
implicados allí, no se les está condenando ni absolviendo, pero sí se les está
poniendo otra medida mientras continúa la otra parte de la investigación”.
Si bien Monseñor Oscar Urbina, el Presidente de la
Conferencia Episcopal de Colombia, declaró entonces que “no hay que dudar
cuando se presentan estas situaciones”, al parecer su colaboración con la
Fiscalía General de la Nación no fue la suficiente para que el Estado lograse
saber toda la verdad sobre todos los sacerdotes denunciados por estos hechos. Por
esta razón, se realizó el operativo de este lunes de pascua tomando por
sorpresa a todos los funcionarios, incluyendo a la cabeza de la Iglesia en
Colombia.
La Fiscalía fue por los archivos secretos del Arzobispado.
Estos documentos, celosamente guardados por la iglesia, incluyen todas las quejas
que llegan sobre el accionar de los sacerdotes. Hasta el pasado 13 de abril las autoridades civiles
de Colombia no habían puesto un dedo encima sobre estos archivos.
La revelación de esta acción de la Fiscalía, se dio a
conocer por el periodista Juan Pablo Barrientos en
“6AM Hoy por Hoy” de CaracolRadio. En esta revelación noticiosa también se mencionó que no son 19, sino 36los sacerdotes implicados por abuso sexual. Uno de los sacerdotes involucrados
es, nada más y nada menos que el Presidente del Tribunal Eclesiástico de
Villavicencio, Hernando Tovar Olaya. Es decir, la cabeza del que debe
administrar disciplina entre los clérigos. También se conoció que él, así como
varios otros, no han sido suspendidos aún.
Lama la atención que dentro de los involucrados está el nombre de Arnulfo
Vega Rodríguez, quien además de cura es juez de la República y el año pasado
fue condenado a 7 años de casa por cárcel por el delito de falsedad ideológica.
Como se mencionó, Monseñor Urbina se había negado en darle
la información completa a la Fiscalía sobre todas las quejas que se han tenido sobre
pederastia en la capital del Meta. El hecho que la Fiscalía estuviera en el
caso es por la denuncia hecha ante el ente estatal por una de las presuntas víctimas.
Si la queja hubiese quedado solo en las denuncias dentro del arzobispado,
probablemente nada habría pasado, aparte de pasar a los agresores de una
parroquia a otra, o darles una penitencia de oración y reflexión. La negativa a
la efectiva colaboración fue valientemente resuelta con esta diligencia sorpresiva,
que aguó la pascua entre los clérigos del Arzobispado. Según fuentes que
contaron los hechos, en esta diligencia, la cabeza de la Iglesia Católica en
Colombia, habría accedido ya, a hacer un acercamiento con el ente investigador
para cooperar con la investigación.
En casos de acusaciones de pederastia en Colombia, la
Iglesia ha esgrimido con sus abogados el Concordato entre el Estado colombiano
y la Santa Sede para dejar a los sacerdotes sin castigo. Con este precedente
judicial, se desbarata nuevamente este argumento defensivo.
Este allanamiento hecho por la seccional de la Fiscalía en
Villavicencio es sumamente importante en la lucha contra la pederastia, y debe
ser aplaudido ya que la única manera en que se pueda administrar justicia es
conociendo toda la verdad y yendo mucho más que las suspensiones eclesiásticas
(que solo tienen efectos dentro de los ritos que los sacerdotes pueden oficiar)
para pasar a las penas que exige la justicia colombiana, la cual no debe
frenarse cuando se encuentre con la Iglesia, porque precisamente Colombia es un
estado laico. Esta diligencia de la Fiscalía es un precedente importantísimo en
la dirección correcta.
