En el 2008 fue electo alcalde de Medellín Alonso Salazar, quien dentro de sus propuestas había planteado la creación de la Clínica de la Mujer. Este centro médico prestaría sus servicios en torno a tres ejes: la salud sexual y reproductiva, los problemas ginecológicos que de ella se derivan, la violencia y la salud mental.Pero había algo con que Salazar no contaba. La ICAR se opondría a la creación de esta clínica porque "no solo será un centro de abortos, sino una entidad desde donde se pretende desnaturalizar la sexualidad a partir de la ideología de género", como lo afirmó la católica politóloga Beatriz Campillo, de la Pontifica Universidad Bolivariana.
"Nos oponemos a la Clínica de la Mujer por su enfoque de ideología de Género: ideología que pretende entre otras cosas separar a la mujer de la maternidad, especialmente desde la práctica del aborto y de la promoción de los anticonceptivos, sin informar los daños que se generan físicos y psicológicos". "Parece más un centro para la promoción del feminismo de género, un feminismo que no representa a las mujeres, sino que además de hacerles daño, insiste en ponerlas en una condición de victimas permanentes" que además "representa los intereses de grupos minoritarios". Afirmó Campillo.
El diario regional, El Colombiano, se unió a la campaña católica, y ayudó a la distorsión mediática. El resultado: Salazar sacará a las secretarias de Salud y de la mujer que habían defendido el proyecto y pactara un asunto de salud pública con una carta dirigida al obispo y un compromiso: “En la Clínica de la Mujer no se harán interrupciones voluntarias de embarazos”. En un estado laico, el alcalde le dirige cartas al obispo, quizás esperando su benevolencia, tal como si estuvieramos en el siglo XV. ¡Que vergüenza!
Citaré aquí algunos apartes de la prensa colombiana al respecto:
Por: Pascual Gaviria
"...Lo que pasó en Medellín durante las últimas semanas no es más que una especie de claudicación del poder público frente a las presiones de los nostálgicos del Estado confesional. Durante su candidatura, Alonso Salazar se comprometió con un grupo de organizaciones de mujeres a incluir en el Plan de Desarrollo una idea que había sonado en la ciudad desde comienzos de la década del noventa. Se trata de la creación de una clínica especializada en atender los problemas de salud de las mujeres de los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén. Un grupo asesor definió el énfasis de la clínica en las áreas de salud mental, atención a la violencia de género y salud sexual y reproductiva. En este último campo estaba contemplado practicar abortos que cumplieran con los requisitos previstos por la sentencia de la Corte Constitucional del año 2006. Era el momento para la histeria católica que solapa su intolerancia entre rezos, entierros magníficos y una peligrosa pose de mansedumbre."
"...Como elector de Alonso Salazar me siento defraudado. Quienes apoyamos su candidatura teníamos la idea de estar votando por alguien ajeno a la pacata conservadora que ha impuesto su voluntad en Medellín. Parece increíble que Salazar no le tuviera miedo al finado Job y ahora luzca acomplejado frente a los redactores del devocionario católico. Tenía todo de su lado para dar la pelea: el respaldo de la Constitución, las cifras sobre abortos clandestinos, el decreto regulatorio de un Gobierno místico, las multas a hospitales católicos que se han negado a practicar los abortos legales. Podía entregar un espacio público para garantizar un derecho en vez de poner a una niña de 13 años violada por el padrastro a recorrer hospitales con una sentencia debajo del brazo. Salazar quedó en el peor de los mundos: la caverna seguirá conspirando y sus electores tenemos razones para descreer de su capacidad de defender una idea del Estado y la política. Sólo la lengua de fuego de Fernando Vallejo podrá salvarnos."
Por: Juan Diego Restrepo
"...Si quienes cuestionan el propósito de construir la Clínica de la Mujer tuvieran la osadía de investigar a fondo el tema de la salud femenina de la ciudad los llevaría a ofrecer múltiples puntos de vista y a mostrar cifras realmente alarmantes. Según el Plan de Desarrollo de Medellín, la tasa de mortalidad femenina por maternidad es de 32.8, la de cáncer de cuello uterino es del 4.9, y de cáncer de mama es de 13.2. Todo agravado, según la Escuela Nacional Sindical, por la alta tasa de embarazo adolescente, que llega al 21 por ciento y las violencias basadas en discriminación de género contra las mujeres, las enfermedades cardiovasculares y situaciones de salud mental que las afectan."
"...Lástima que mientras en otros países la mujer adquiere su real dimensión de sujeto político, en Medellín la mojigatería les recuerda que no son dueñas de su propio cuerpo. De seguir así, el promocionado desarrollo de la ciudad siempre será incompleto."
Editorial de El Espectador. 25 de septiembre de 2009.
A partir de 2000, las cifras del país son las más elevadas de Suramérica. En los estratos altos, 11 de cada 100 adolescentes tienen un embarazo. En los más bajos, la proporción es de 31 por cada 100. El 51 por ciento de las adolescentes embarazadas no tienen acceso a educación secundaria y el 60 por ciento de las hijas de madres adolescentes corren el riesgo de repetir la historia. Con motivo de la celebración hoy del día mundial de la prevención del embarazo adolescente, es preciso retomar el debate.
La estadística en esto no falla. Las políticas públicas en salud sexual y reproductiva no cumplen sus objetivos. Las campañas educativas, que casi siempre comienzan a edades en las que los adolescentes ya han iniciado su vida sexual, se limitan a proveer métodos de planificación. La educación sexual integral, que provee información sin tapujos, fomenta el diálogo y contribuye a la formación de autoestima, no se imparte en los colegios públicos ni se promueve desde las entidades garantes de la salud pública.
Ante tan desolador panorama, el sabotaje de iniciativas novedosas y modernas, como la creación de una clínica especializada en atender la salud mental, sexual y reproductiva de las mujeres y niñas de los estratos más vulnerables de la ciudad de Medellín, no puede menos que indignar.
Son ofensivos los argumentos esgrimidos por miembros de la Iglesia católica, voceros de organizaciones activistas y columnistas de la prensa conservadora que consideran que es un despropósito invertir tanto dinero en las mujeres cuando existen “enfermos crónicos y terminales”. Y resulta igualmente anacrónico y perjudicial aducir “peligros y riesgos de la anticoncepción”, en una ciudad en la que, cada día del año pasado, en promedio, 23 adolescentes se convirtieron en madres. Pero sobre todo es inadmisible que los servidores públicos de un Estado que se dice laico, privilegien los intereses de poderosos religiosos y pasen por encima de los mandatos constitucionales.
No es de extrañar —aunque sí de lamentar— que el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, reconocido por ser un católico practicante, haya decidido desplegar un operativo de control sobre el proyecto de la Clínica de la Mujer. Pero sí sorprende y desilusiona el equívoco proceder del alcalde de Medellín, Alonso Salazar, quien cedió ante las presiones del clero antioqueño y no sólo sacó de su gabinete a las secretarias de Salud y de la Mujer —gestoras del proyecto—, sino que acabó negociando con el arzobispo de la ciudad, Alberto Giraldo, a quien le prometió que “en la clínica no se harán interrupciones voluntarias de embarazos, ni siquiera en los casos estipulados por la Corte Constitucional”.
Bajo ninguna circunstancia tendría el Estado colombiano que rendirle cuentas a la Iglesia católica en materia de salud sexual y reproductiva. Las concesiones hechas por el gobierno municipal de Medellín condenan a las mujeres que por ley califiquen para un aborto legal —en su mayoría adolescentes víctimas de violaciones— a numerosos trámites burocráticos que, por lo general, tardan más que el embarazo.
El Estado no sólo debe invertir en la realización de campañas preventivas y en la consumación de interrupciones legales del embarazo. También debe contribuir a eliminar las trabas que impiden el acceso a nuevas ideas. En este sentido, entre tanta propaganda institucional televisiva, brilla por su ausencia la información destinada a las mujeres en relación con sus derechos, su cuerpo y su sexualidad. El hecho de que tenga que ser Profamilia, una entidad privada sin ánimo de lucro, la abanderada de la educación sexual y la encargada de enseñar a planificar a las jóvenes adolescentes de todo el país, dice mucho de la situación."
Esta noticia retrógrada desde Colombia se une a la decisión de República Dominicana de prohibir el aborto en todo caso, aún cuando la vida de la madre esté en peligro desde la Constitución. Este hecho, promovido también, por los ensotanados.
Termino esta nota invitando a nuestros lectores a leer la columna de Glenys Álvarez, editora de Sindioses.org, que en esta ocasión la dedica a la lucha de los derechos de las mujeres. Su columna lleva por título "Dios tendría que ser feminista"
Opiniones sobre la noticia de Medellín y la columna de Glenys son bienvenidas!
